Con la firma del Acuerdo de París en 2015 los gobiernos reconocieron la importancia capital del cambio climático para la sostenibilidad del crecimiento económico, el desarrollo social y la reducción de la desigualdad. La actual pandemia de COVID no ha hecho sino acrecentar la necesidad de proteger la biodiversidad y evitar la irreversibilidad del proceso de calentamiento.

Es el momento para diseñar políticas de reforma estructural que favorezcan la transición hacia una economía hipocarbónica y resiliente al cambio climático al tiempo que impulsan la productividad y la actividad económica. Las políticas presupuestarias desarrollan un papel decisivo a este respecto, por lo que su diseño, planificación y aplicación debe realizarse en coherencia con los objetivos climáticos e integrar de forma efectiva las consecuencias económicas y sociales de la transición. 

El denominado “presupuesto verde” (“green budgeting”) hace referencia a las herramientas destinadas a promover que tanto las políticas de gasto como su financiación sean congruentes con los objetivos ambientales. Se trata de que los gobiernos sean conscientes de cómo sus presupuestos contribuyen a lograr los objetivos climáticos comprometidos.

Se trata de una obligación que no se puede soslayar. Teniendo presente la potencia del presupuesto público como herramienta no solo de acción directa sino también como vía para enviar señales hacia el sector privado, este no puede permanecer ajeno al reto de la descarbonización.